jueves, 2 de febrero de 2017

#YoSoydelaConcertada


Dice la ley española que “las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones” y que el sistema educativo español se inspira, entre otros principios, en “la libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”.

Por distintos motivos, desde hace unos meses existe una preocupación creciente en la comunidad educativa de la enseñanza concertada (familias, docentes y patronal) por la posibilidad de que la Junta de Andalucía plantee el cierre de unidades educativas con demanda social en centros concertados. 

En el AMPA no somos ajenos a esta preocupación, y por eso queremos exponer aquí cuáles son los motivos que generan esta inquietud y cuál es nuestro posicionamiento en este tema. 

¿QUÉ ES EL CONCIERTO EDUCATIVO?

Andalucía mantiene desde hace más de 30 años un modelo de convivencia Educación Pública-Concertada estable, actualmente en torno al 81.5-18.5%.

El CONCIERTO EDUCATIVO es el instrumento jurídico por el que los centros privados se sostienen con fondos públicos para impartir los niveles de enseñanza obligatoria en régimen de gratuidad.

La Administración, en el marco expuesto, ha de asignar al centro concertado fondos públicos en concepto de contraprestación por los servicios educativos concertados. La asignación se realiza en función de módulos económicos por unidad escolar o clase y nivel educativo fijados en la Ley.  Los gastos a los que se hace frente con estos fondos son, fundamentalmente, dos: los salarios de los profesores y los demás gastos de funcionamiento del centro -los del personal de administración y de servicios, los de mantenimiento y de conservación ordinarios o los de reposición de inversiones reales, pero no los derivados de la financiación de los inmuebles-.

El titular del centro concertado también asume también varias obligaciones:
-     - Admitir a los alumnos conforme al régimen previsto para los centros públicos,
- Impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de concierto de acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio sin que pueda recibir contrapartida económica alguna a cargo de los alumnos.
Prestar las actividades escolares complementarias y de servicios fuera del horario lectivo con carácter voluntario, no discriminatorio ni lucrativo -si bien la Administración, a propuesta del Consejo escolar del centro, puede autorizar la percepción de cantidades determinadas en concepto de retribución por dichas actividades-.
- Tener en funcionamiento el número total de unidades escolares en el nivel o niveles de enseñanza objeto del concierto,  cumplir una relación media alumnos/profesor por unidad escolar no inferior a la que fije la Administración.
- Contar con una organización que, como mínimo, comprenda el Director, el Consejo Escolar y el Claustro de profesores.
- Realizar la contratación y el despido de los profesores de acuerdo con las directrices impuestas-
- Hacer constar en su denominación, su documentación y su publicidad la condición de centro concertado.


Ateniéndose a la normativa vigente, los conciertos educativos que se aprueben tendrán una duración de 6 años en el caso de la educación primaria, y de 4 años en el resto de las enseñanzas, sin perjuicio de aquellos que, para garantizar la continuidad en la escolarización del alumnado del propio centro, tengan la duración de un año.

Ayer se terminó el plazo para que los centros docentes privados que para el curso 2017/18 deseen acogerse al régimen de conciertos o renovar el concierto educativo suscrito con anterioridad, lo solicitaran a la Consejería de Educación.


¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

En los últimos años, como consecuencia de la disminución de la natalidad en Andalucía y el retorno de muchos inmigrantes a sus países de origen, se ha reducido el número de solicitudes de plazas escolares.

Según lo publicado en la web de la Consejería de Educación, “en diciembre de 2016 la Consejera de Educación, Adelaida de la Calle, aseguró en el Pleno del Parlamento que la prioridad del Gobierno andaluz es fortalecer y defender la escuela pública, por lo que se prevé que en la convocatoria de 2017 se resuelvan favorablemente los conciertos sólo para aquellos centros docentes ya concertados anteriormente con la Junta, por lo que ningún nuevo colegio será sujeto del convenio. Además, De la Calle subrayó que sólo habrá concierto para las unidades estrictamente necesarias para asegurar la escolarización del alumnado en cada ámbito territorial.”

Por otra parte, en la primavera de 2016, el Tribunal Superior (TS) dictó sentencia  anulando la orden de la Junta de Andalucía por la que se suprimía una unidad de 2º Ciclo de Educación infantil, en el colegio concertado de Morón de la Frontera (Sevilla). El Tribunal Supremo (TS) considera que no está justificada la supresión de una unidad o clase de un colegio concertado cuando tiene un número suficiente de alumnos, aunque sí avala la supresión de unidades cuando falta alumnado.  
Los magistrados no comparten el principio de subsidiariedad en relación con la enseñanza privada concertada y, basándose en dos sentencias anteriores de la propia Sala, recuerdan que el sistema educativo pivota sobre dos ejes: la enseñanza privada concertada y la pública, en línea con la Constitución.

Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) es la patronal que agrupa a los titulares de los centros educativos católicos de la comunidad andaluza.  Está constituida por un total de 400 centros distribuidos por toda nuestra geografía, con más de 16.000 profesionales, entre personal docente y personal no docente, y en la actualidad 260.000 alumnos cursan sus estudios bajo el amparo de Escuelas Católicas de Andalucía.

ECA ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que en la inminente renovación de conciertos, la Consejería de Educación, siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía y despreciando la voluntad de las familias, reduzca unidades de centros concertados con demanda. La medida, caso de llevarse a cabo, afectaría, no solamente a las familias y los alumnos, sino también al empleo de muchos profesores y personal de administración y servicios, que se verían obligados a engrosar el número de parados en nuestra región.

Por este motivo, y paralelamente a las reuniones que están manteniendo con la Consejería de Educación, Escuelas Católicas de Andalucía ha puesto en marcha una campaña contra el cierre de unidades con demanda social en los centros educativos concertados. La campaña incluye distintas actuaciones:

-Recogida de firmas, a través de la plataforma change.org, dirigidas a la Presidenta de la Junta de Andalucía contra el cierre de unidades concertadas  (PINCHA AQUI PARA FIRMAR), que se entregarán en las Delegaciones provinciales de Educación el próximo día 15 de febrero.

- Concentraciones provinciales y actos de protesta en los 400 colegios concertados con que cuenta ECA en esta Andalucía, el día 18 de febrero.

- Gran manifestación en Sevilla para el día 1 de abril, contra el cierre de unidades concertadas  con demanda.


¿Y NOSOTROS, QUÉ HACEMOS?

Dicho todo esto, y en línea con el Equipo Directivo y Docente del Colegio, los miembros de la Junta Directiva del AMPA, reunidos con la dirección del centro, hemos firmado el acta en el que solicitamos que, en cumplimiento de nuestro Ordenamiento Jurídico, la programación general de la enseñanza de nuestra Comunidad Autónoma contemple el mantenimiento de aquellos puestos escolares en centros privados concertados con demanda social  y en consecuencia, proceda a la concertación  de la totalidad de unidades concertadas en el procedimiento establecido por la Orden de 30 de diciembre de 2016.

Así mismo, os pedimos a los padres y madres de los alumnos, que os unáis al movimiento en defensa de la enseñanza concertada, mediante la firma del documento (PINCHA AQUÍ PARA FIRMAR) dirigido a la Presidenta de la Junta, y sumándoos a las movilizaciones convocadas.


Tods los miembros de la comunidad educativa, particularmente los padres, tenemos la obligación de defender explícitamente la libertad de enseñanza como un derecho fundamental, recogido en el Artículo 27 de la Constitución Española, y exigir que los centros de la red concertada gocen de los mismos recursos que los centros públicos.