Dice la ley española que “las familias son las primeras
responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene
que contar con la familia y confiar en sus decisiones” y que el sistema
educativo español se inspira, entre otros principios, en “la libertad de
enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a
elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los
principios constitucionales”.
Por distintos motivos, desde hace unos meses existe una preocupación creciente en la comunidad educativa de la enseñanza concertada (familias, docentes y patronal) por la posibilidad de que la Junta de Andalucía plantee el cierre de unidades educativas con demanda social en centros concertados.
En el AMPA no somos ajenos a esta preocupación, y por eso queremos exponer aquí cuáles son los motivos que generan esta inquietud y cuál es nuestro posicionamiento en este tema.
¿QUÉ ES EL CONCIERTO EDUCATIVO?
Andalucía mantiene desde hace más de 30 años un modelo de convivencia Educación Pública-Concertada estable, actualmente en torno al 81.5-18.5%.
El CONCIERTO EDUCATIVO es el instrumento jurídico por el que los centros privados se sostienen con fondos públicos para impartir los niveles de enseñanza obligatoria en régimen de gratuidad.
La Administración, en el marco expuesto, ha de asignar al centro concertado fondos públicos en concepto de contraprestación por los servicios educativos concertados. La asignación se realiza en función de módulos económicos por unidad escolar o clase y nivel educativo fijados en la Ley. Los gastos a los que se hace frente con estos fondos son, fundamentalmente, dos: los salarios de los profesores y los demás gastos de funcionamiento del centro -los del personal de administración y de servicios, los de mantenimiento y de conservación ordinarios o los de reposición de inversiones reales, pero no los derivados de la financiación de los inmuebles-.
El titular del centro concertado también asume también varias obligaciones:
- - Admitir a los alumnos conforme al régimen previsto para los
centros públicos,
- Impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de concierto de
acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio sin que pueda
recibir contrapartida económica alguna a cargo de los alumnos.
Prestar las actividades escolares complementarias y de
servicios fuera del horario lectivo con carácter voluntario, no discriminatorio
ni lucrativo -si bien la Administración, a propuesta del Consejo escolar del
centro, puede autorizar la percepción de cantidades determinadas en concepto de
retribución por dichas actividades-.
- Tener en funcionamiento el número total de unidades
escolares en el nivel o niveles de enseñanza objeto del concierto, cumplir una relación media alumnos/profesor por
unidad escolar no inferior a la que fije la Administración.
- Contar con una organización que, como mínimo, comprenda el
Director, el Consejo Escolar y el Claustro de profesores.
- Realizar la contratación y el despido de los profesores de
acuerdo con las directrices impuestas-
- Hacer constar en su denominación, su documentación y su
publicidad la condición de centro concertado.
Ateniéndose a la normativa vigente,
los conciertos educativos que se aprueben
tendrán una duración de 6 años en el caso de la educación primaria, y de 4 años en el resto de las enseñanzas, sin perjuicio de aquellos que, para garantizar la continuidad en la escolarización del alumnado del propio centro, tengan la duración de un año.
Ayer se terminó el plazo para que los centros docentes privados que para el curso 2017/18 deseen acogerse al régimen de conciertos o renovar el concierto educativo suscrito con anterioridad, lo solicitaran a la Consejería de Educación.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
En los últimos años,
como consecuencia de la disminución de la natalidad en Andalucía y el retorno
de muchos inmigrantes a sus países de origen, se ha reducido el número de solicitudes de plazas escolares.
Según lo publicado en la web de la Consejería de Educación, “en
diciembre de 2016 la Consejera de Educación, Adelaida de la Calle, aseguró en
el Pleno del Parlamento que la prioridad
del Gobierno andaluz es fortalecer y defender la escuela pública, por lo
que se prevé que en la convocatoria de 2017 se resuelvan favorablemente los
conciertos sólo para aquellos centros docentes ya concertados anteriormente con
la Junta, por lo que ningún nuevo
colegio será sujeto del convenio. Además,
De la Calle subrayó que sólo habrá concierto para las unidades estrictamente necesarias para
asegurar la escolarización del alumnado en cada ámbito territorial.”
Por otra parte, en la primavera de 2016, el Tribunal
Superior (TS) dictó sentencia anulando la
orden de la Junta de Andalucía por la que se suprimía una unidad de 2º Ciclo de
Educación infantil, en el colegio concertado de Morón de la Frontera (Sevilla).
El Tribunal Supremo (TS) considera que
no está justificada la supresión de una
unidad o clase de un colegio concertado cuando tiene un número suficiente de
alumnos, aunque sí avala la supresión de unidades cuando falta alumnado.
Los magistrados no comparten el principio de subsidiariedad en relación con la
enseñanza privada concertada y, basándose en dos sentencias anteriores de la
propia Sala, recuerdan que el sistema
educativo pivota sobre dos ejes: la enseñanza privada concertada y la pública,
en línea con la Constitución.
Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) es la patronal que
agrupa a los titulares de los centros educativos católicos de la comunidad
andaluza. Está constituida por un total
de 400 centros distribuidos por toda nuestra geografía, con más de 16.000
profesionales, entre personal docente y personal no docente, y en la actualidad
260.000 alumnos cursan sus estudios bajo el amparo de Escuelas Católicas de
Andalucía.
ECA ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que
en la inminente renovación de conciertos, la Consejería de Educación, siguiendo
las directrices de la Junta de Andalucía y despreciando la voluntad de las
familias, reduzca unidades de centros concertados con demanda. La medida, caso
de llevarse a cabo, afectaría, no solamente a las familias y los alumnos, sino
también al empleo de muchos profesores y personal de administración y servicios,
que se verían obligados a engrosar el número de parados en nuestra región.
Por este motivo, y paralelamente a las reuniones que están
manteniendo con la Consejería de Educación, Escuelas Católicas de Andalucía ha puesto en marcha una campaña contra
el cierre de unidades con demanda social en los centros educativos concertados.
La campaña incluye distintas actuaciones:
-Recogida de firmas,
a través de la plataforma change.org, dirigidas a la Presidenta de la Junta
de Andalucía contra el cierre de unidades concertadas (PINCHA AQUI PARA FIRMAR), que se entregarán
en las Delegaciones provinciales de Educación el próximo día 15 de febrero.
- Concentraciones
provinciales y actos de protesta en los 400 colegios concertados con que
cuenta ECA en esta Andalucía, el día 18
de febrero.
- Gran manifestación
en Sevilla para el día 1 de abril, contra el cierre de unidades concertadas
con demanda.
¿Y NOSOTROS, QUÉ HACEMOS?
Dicho todo esto, y en
línea con el Equipo Directivo y Docente del Colegio, los miembros de la Junta Directiva
del AMPA, reunidos con la dirección del centro, hemos firmado el acta en el que solicitamos que, en
cumplimiento de nuestro Ordenamiento Jurídico, la programación general de la
enseñanza de nuestra Comunidad Autónoma contemple el mantenimiento de aquellos
puestos escolares en centros privados concertados con demanda social y en consecuencia, proceda a la
concertación de la totalidad de unidades
concertadas en el procedimiento
establecido por la Orden de 30 de diciembre de 2016.
Así mismo, os pedimos a los padres y madres de los alumnos, que os unáis al
movimiento en defensa de la enseñanza concertada, mediante la firma del
documento (PINCHA AQUÍ PARA FIRMAR) dirigido a la Presidenta de la Junta, y sumándoos a las
movilizaciones convocadas.
Tods los miembros de la comunidad
educativa, particularmente los padres, tenemos la obligación de defender
explícitamente la libertad de enseñanza como un derecho fundamental, recogido
en el Artículo 27 de la Constitución Española, y exigir que los centros de la
red concertada gocen de los mismos recursos que los centros públicos.
